Derechosagua

Las medidas sólo se aplicarán a los derechos que se soliciten una vez que la nueva ley entre en vigencia.

Las aprensiones del sector privado respecto de los alcances de la reforma al código de Aguas, que entre otras materias busca darle rango constitucional como bien de uso público al recurso, se mantienen.

El titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, descartó de plano que el Ejecutivo esté buscando con las indicaciones ingresadas al proyecto -que en principio fue de iniciativa parlamentaria- afectar y limitar los derechos de aguas vigentes, indicando que las medidas propuestas solo se aplicarán a los derechos que se soliciten una vez que el proyecto sea Ley de la República.

Hoy, los derechos de uso de agua, tanto consuntivos -por ejemplo, el consumo humano o la agricultura- como no consuntivos (hidroelectricidad), son otorgados de manera permanente a los titulares.

En el marco del seminario “Reforma al Código de Aguas” organizado por Mas Recursos Naturales y revista Capital, el titular de la DGA señaló que los ejes del proyecto del Gobierno apuntan a priorizar el uso de los recursos para consumo humano, por sobre la actividad productiva; la protección patrimonial y ambiental, por ejemplo en el caso de los glaciares; el fortalecimiento de la institucionalidad y los avances hacia una mayor sustentabilidad del agua; y sancionar el “acaparamiento y la especulación” con el recurso, a través de la limitación temporal.

“El marco institucional actual no responde a la realidad actual de Chile”, señala Estévez, agregando que el proyecto del gobierno “tiende a profundizar el mercado”. “No se puede seguir amparando la propiedad de un derecho que se da solo en papel” dice, aunque descarta que el camino de la expropiación sea una vía para solucionar el tema: “esto sería un error”, puntualizó.

Estévez indica que, en el caso de las aguas superficiales (aquellas que escurren), aún queda por adjudicar entre un 5% y 8% de los recursos, mientras que en las subterráneas, la disponibilidad supera el 50%.
En este escenario, en el sector privado la palabra “incertidumbre” sigue rondando. Luis Mayol, ex ministro de agricultura de la Administración Piñera y director de MAS Recursos Naturales, señala que el proyecto de ley “ha generado dudas y confusión, por lo que hay que actuar y despejar estas interrogantes”.

Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), sostuvo que existe un “déficit crónico de infraestructura y regulación” respectos de los derechos de agua, y que la mayoría de los excedentes es desaprovechado. Asimismo, señaló que en caso de que se decida por el camino de la limitación de los actuales derechos, los propietarios deberían ser indemnizados por ello.

En tanto, Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras apunta a los plazos propuestos para la extensión de los derechos como una de las cuestiones que complican al sector eléctrico, y también a la necesidad de evitar la especulación. “El aumento de las patentes es una buena señal para incentivar el uso de ellas”, dijo.

Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, señala que cualquier cambio debe hacerse basado en datos fidedignos, y que hoy existe un déficit respecto al diagnóstico de la realidad del país.

“Se señala que en Chile existe especulación, entonces, veamos quién lo está haciendo y analicemos los problemas que produce para generar las soluciones correctas. Sin embargo, si se realizan cambios en base a eslóganes, tendremos un código que generará muchos conflictos”.

Guillermo Pickering, presidente de Andess -gremio que agrupa a las empresas sanitarias-, señaló que la reforma es positiva y la calificó de “moderada”, aunque el proyecto puede ser mejorado. “No estamos resolviendo los problemas de información. Una cosa es establecer la obligación de inscribir los títulos de agua en el conservador de bienes raíces, pero otra es que –y no lo resuelve esta reforma- la DGA no tiene un registro único y actualizado para saber, con esa información, cómo gestionar las cuencas”.

La visión de la minería sobre la situación hídrica del país y la reforma al Código de Aguas estuvo a cargo de la gerente de Investigación y Desarrollo de Sonami, María Cristina Betancour, quien recalcó que Chile sí tiene agua, pero está desigualmente distribuida, por lo que el esfuerzo se debe hacer en aumentar la oferta del elemento en las zonas con déficit y no distribuir la escasez.

“La reforma al Código de Aguas no soluciona el problema de la escasez, porque no aumenta la cantidad de agua. También, introduce incertidumbre en los derechos de propiedad, porque no está claro que se mantengan estos derechos. Tercero, genera problemas en donde nunca ha existido, como lo es el agua del minero”, señaló. También destacó el rol que ha jugado la minería para enfrentar la escasez.

SANITARIAS: MEJORAR GESTIÓN

Abordarlo como un problema de gestión y no sólo de falta de infraestructura fue uno de los puntos que destacó el presidente de Andess -que agrupa a las sanitarias-, Guillermo Pickering. Explicó que, a su juicio, los mecanismos de gestión son precarios. “Tenemos a una Dirección General de Aguas que hace un esfuerzo gigante, pero estamos muy lejos de la institucionalidad que necesitamos”, por lo que llamó a fortalecer la organización. Señaló que si bien en el global, Chile presenta un superávit de agua, existe un déficit en la zona en que reside entre el 60% y 70% de la población. “Esa es una presión permanente sobre los recursos hídricos que se ve agravada por la situación de cambio climático que enfrentamos (…) Estamos en una situación crítica y no sé si existe conciencia de ello”, sostuvo.

AGRICULTURA: NUEVAS ACCIONES

El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile comentó que todavía quedan cosas en donde “hechar mano” para mejorar la situación hídrica del país, por ejemplo, un mayor uso de las aguas servidas vueltas a tratar para utilizar en el riego. También, infiltrar las napas con el agua de invierno para que esta funcionen como reserva para el verano.
Asimismo, comentó que la construcción de una carretera hídrica -que transporte agua desde zonas del país con superávit hasta áreas con escasez- debe enmarcarse dentro de una estrategia nacional y que esta medida por sí sola no resuelve el problema que enfrenta Chile.

En cuanto a la reforma al código de agua, opinó que falta un diagnóstico certero sobre la realidad chilena, con datos claros sobre acaparamiento y especulación de derechos.

ENERGÍA: ALTO POTENCIAL

La preocupación de las generadoras es que el proyecto legislativo que se discute en el Parlamento, termine afectando el potencial de desarrollo de la hidroelectricidad. Según Claudio Seebach, de la Asociación de Generadoras, se debe corregir el “sobreotorgamiento de derechos y el no uso de patentes”. También apuntó sus críticas a los plazos establecidos en el proyecto para la caducidad de los derechos en caso de que estos no se usen -la propuesta es de ocho años-, indicando que “la experiencia muestra que los tiempos de desarrollo y operación de proyectos hidroeléctricos dista mucho de los diversos plazos que establece actualmente la reforma en trámite”. Según un estudio encargado por el ministerio de Energía, el potencial hidroeléctrico del país llega a unos 10.800 MW, excluyendo a Aysén.